Partiendo de la premisa fundamental y ya ampliamente estudiada de que la Administración pública tiene un papel fundamental en la vida de los ciudadanos y en todos sus aspectos y vertientes. La cultura será, por tanto, uno de esos aspectos fundamentales de la existencia humana que ha estado siempre regulada (o bajo el estricto control) de lo público. Esta gestión no siempre se ha hecho de la mejor manera y hay ejemplos muy claros a lo largo de la historia pasada y presente (desde el fascismo al comunismo del siglo XX pasando por todos aquellos lugares donde existe un déficit de democracia y libertades) de cómo el Estado impone una determinada cultura o manipula las diferentes manifestaciones culturales, convirtiéndola en muchas ocasiones en propaganda política al servicio del poder.
A partir de la segunda mitad del siglo XX y vinculado al “Estado del bienestar” la Administración pública, en el seno de regímenes democráticos consolidados en occidente, tendrá (teóricamente) la función de prestar servicios esenciales a la ciudadanía. En España la propia Constitución de 1978 contempla en su artículo 103 que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho” (Constitución española Art. 103: 38). Ahora bien, la propia naturaleza de la Administración, su carácter jerárquico, complejo e interorgánico, hace que se produzca una inevitable ambivalencia, una tensión entre la prestación y garantía de servicios y el dirigismo y el control excesivo que puede desembocar en la falta de libertad y creatividad cultural.
Siendo conscientes de esta conflictividad: ¿Cómo debería funcionar la Administración Pública en la actualidad y cuáles deberían ser los mecanismos o enfoques adecuados con los que salvaguardar el sagrado interés general, la libertad y la diversidad? La heterogeneidad y variedad de los diferentes sectores y manifestaciones culturales origina que, no en todos los casos, se deben aplicar las mismas estrategias. Valgan dos ejemplos breves y diferentes de dos sectores culturales diversos que a continuación se analizarán de manera concisa.
En lo que se refiere a la gestión del patrimonio es indudable que estamos ante uno de los sectores clave. Tradicionalmente las políticas culturales enfocadas a este sector han estado vinculadas a la protección, conservación y “difusión del patrimonio cerca de las poblaciones, por la puesta en marcha de planes de interpretación (…) como garantía de su utilización social y de la apropiación del patrimonio como elemento clave de la identidad local” (Real Instituto Elcano 2004: 19). Es claro que la presencia pública, como agente cultural, en este sector siempre se ha visto identificada como “guardián de ese patrimonio” en tanto en cuanto éste se configura como parte vital de la memoria de los pueblos. Ya desde Mundiacult 1982 se concibe que “todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración creadora” (Mundiacult 1982: 10).
Por defectos intrínsecos a la propia naturaleza del sector, las políticas y estrategias dentro del patrimonio cultural si mantienen esa tensión entre el garantismo y el dirigismo. Primeramente, la presencia y el control del Estado en estas cuestiones se me antoja de vital importancia y en segundo lugar, hay una necesidad clara de apertura en el que la dimensión del patrimonio esté en consonancia con los tiempos que vivimos.
En lo que se refiere al primer aspecto, la Administración debe mantener sus actividades limitadoras (en forma de reglamentaciones adecuadas, ordenaciones, autorizaciones y sanciones acordes con la actualidad y la significación del patrimonio en cuestión) y de prestación de servicio público que garanticen la igualdad de oportunidades al uso y disfrute de ese patrimonio porque “todos los ciudadanos tienen derecho de acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad” (Padrós Reig, Carlos 2009:32). Gracias a estas acciones se ha podido mantener gran parte del patrimonio de este país (¿cuántos museos deficitarios con una función social dentro de una determinada sociedad sobreviven a duras penas gracias al apoyo de la Administración?) aunque también el anquilosamiento y la lentitud de estas acciones ha propiciado (y sigue propiciando) la pérdida de ese patrimonio. Por tanto siendo actividades administrativas que han hecho mucho bien, se antoja urgente una simplificación de los procesos con las que poder afrontar con mayor eficacia los nuevos retos del futuro.
En cuanto al segundo aspecto, creo que los retos más importantes a los que se enfrenta el sector están relacionados con la valoración económica y turística. Aspectos éstos no siempre bien enfocados que deben desembocar en una oferta coherente a la sociedad que permita construir una red patrimonial en constante evolución que amplíe y prestigie no solo el patrimonio de siempre, el “del pasado más lejano”, sino también aquel patrimonio del pasado más reciente o incluso aquel que se está gestando o se va a gestar en el momento presente. Urgen por tanto medidas enfocadas hacia una mejor interacción de las Administraciones con los otros agentes culturales de manera que los intereses de todos coincidan y culminen en un reforzamiento institucional. El sector privado puede aportar al patrimonio una capacidad de gestión de la que adolece la Administración buscando formulas nuevas no solo de rentabilidad económica sino de acercamiento a la sociedad con políticas de sensibilización y mayor participación. En estas políticas debe jugar un papel importante el Tercer sector, cuya naturaleza sin ánimo de lucro, debería ser el nexo ideal entre los conflictos que puedan surgir entre los intereses públicos y los privados. Prevaleciendo salvo alguna excepción siempre los primeros. El reforzamiento del Tercer sector también debe mediar en retos pendientes como los de la subsidiaridad, la concertación de algunas políticas patrimoniales o la aparición de nuevos campos en el patrimonio cultural como “la memoria contemporánea o el patrimonio industrial” (Real Instituto Elcano 2004:19).
Un segundo ejemplo ilustrativo de la presencia de la Administración en la cultura podría ser el de la industria cinematográfica. Curiosamente es éste un sector que vive en la actualidad una gran polémica y controversia por causas como “la publicación en el BOE de la nueva Orden Ministerial con la oposición activa de varios sectores de la profesión, la decisión de Bruselas al suspender el procedimiento de urgencia para su aprobación, el proyecto de Ley General del Audiovisual, la polémica adjudicación de una “X” censora a una película considerada “violenta”, la modificación del Real Decreto de diciembre de 2008, el cambio de política de cara a los festivales y la inseguridad que todo ello ha creado” (VVAA 2009:59). Por tanto, nos encontramos con muchos frentes abiertos en medio de una situación tremendamente compleja. Complejidad que viene dada por la singular naturaleza del cine, a medio camino entre lo cultural y lo industrial, y con la dificultad que conlleva mantener el equilibrio entre ambos aspectos. Entiendo que la Administración Pública, dentro de un sistema audiovisual como el que tenemos con la supremacía de las grandes productoras norteamericanas, las televisiones privadas, etc., debe velar por los intereses generales garantizando inexcusablemente las pluralidades de propuestas (tanto temáticas como estéticas), la diversidad y la excepcionalidad cultural. Parece ser que la situación actual es la opuesta. Esto es que las financiaciones y ayudas públicas, aspecto vital en el cine, se rigen por parámetros exclusivamente económicos e industriales. Orientaciones que van a afectar inevitablemente a películas medias o incluso pequeñas, que curiosamente son las “que mayor interés han despertado en los últimos años, pues han armonizado los intereses del público con la apreciación de la crítica y de los festivales”. (HEREDERO, C. y REVIRIEGO, C. 2009:58). Se hace necesario por tanto, que la Administración Pública, en este caso a través del Ministerio de Cultura y del ICAA (Instituto del Cine y Artes Audiovisuales) establezca con intensidad nuevas relaciones con los otros agentes culturales. El cine carece de un “tejido social” que permita la “capacidad de crear capital social y cultural, así como de mejorar las condiciones de vida y el bienestar” (MARTINELL, A. 2009:8). La actividad administrativa de control debe ser rigurosa pues en el sector privado las fuerzas y los intereses económicos son realmente poderosos. Es importante que éste tome conciencia de cuál debe ser su rol independientemente de que deban mantener unos mínimos criterios de rentabilidad.
Creo que el enfoque de las políticas que deben surgir de la interacción público-privado debe ser el de potenciar las ayudas siempre desde una perspectiva cultural (y no económica). Estas ayudas deben ser selectivas (ya sea sobre proyectos presentados, desarrollo de guiones, óperas prima, etc.). También se debe potenciar la distribución y protección de ciertos filmes, cuyos valores artísticos y humanos, deben ser conocidos por la mayoría de la sociedad. Para ello se debe potenciar la libertad creativa y apostar por iniciativas nuevas que combatan la estandarización industrial así como mantener una cuota de espacios para este cine tan necesario. En este sentido no parece que el camino emprendido actualmente sea el más adecuado.
Igualmente y lejos de lo que pudiera parecer, el sector cinematográfico se presta a una interacción realmente interesante entre lo público y el Tercer Sector. Este sector, sin ánimo de lucro, puede erigirse en portavoz de las inquietudes ciudadanas y mediador que solvente los puntos más controvertidos. Pero además, puede y debe tener una intensa relación por sí mismo con lo público de cara a lograr objetivos importantes. Por ejemplo, en áreas tan importantes como la promoción, sensibilización, protección y difusión del patrimonio cinematográfico de este país a través de las diferentes, fundaciones, filmotecas, etc. Ayudando a estas instituciones en su labor. Vinculado a estas políticas también se hace necesario vincular el cine con la educación. Se pueden articular las estrategias más adecuadas para que el Tercer sector se introduzca en el Sistema educativo público y redescubra la dimensión formativa del cine como vehículo de cultura y comunicación. Sin olvidar incluso la posibilidad de que el cine vaya formando parte progresivamente de los diferentes planes de estudio.
Finalmente también es necesario que se habilite una esfera de interacción total de todos los agentes implicados (Público-Privado-Tercer sector) que refuercen al cine en todas sus dimensiones. Como por ejemplo, la edición de filmes en DVD o de monografías especializadas que amplíen la esfera cultural. Aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías para ejecutar iniciativas interesantes como la exhibición en espacios alternativos, concursos, festivales amateurs, rodaje de cortometrajes y sobre todo de abrir líneas de comunicación con otras artes (programas multidisciplinares) de manera que se vaya incrementando la cultura cinematográfica y el espíritu crítico de la ciudadanía.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
En lo que se refiere a la gestión del patrimonio es indudable que estamos ante uno de los sectores clave. Tradicionalmente las políticas culturales enfocadas a este sector han estado vinculadas a la protección, conservación y “difusión del patrimonio cerca de las poblaciones, por la puesta en marcha de planes de interpretación (…) como garantía de su utilización social y de la apropiación del patrimonio como elemento clave de la identidad local” (Real Instituto Elcano 2004: 19). Es claro que la presencia pública, como agente cultural, en este sector siempre se ha visto identificada como “guardián de ese patrimonio” en tanto en cuanto éste se configura como parte vital de la memoria de los pueblos. Ya desde Mundiacult 1982 se concibe que “todo pueblo tiene el derecho y el deber de defender y preservar su patrimonio cultural, ya que las sociedades se reconocen a sí mismas a través de los valores en que encuentran fuente de inspiración creadora” (Mundiacult 1982: 10).
Por defectos intrínsecos a la propia naturaleza del sector, las políticas y estrategias dentro del patrimonio cultural si mantienen esa tensión entre el garantismo y el dirigismo. Primeramente, la presencia y el control del Estado en estas cuestiones se me antoja de vital importancia y en segundo lugar, hay una necesidad clara de apertura en el que la dimensión del patrimonio esté en consonancia con los tiempos que vivimos.
En lo que se refiere al primer aspecto, la Administración debe mantener sus actividades limitadoras (en forma de reglamentaciones adecuadas, ordenaciones, autorizaciones y sanciones acordes con la actualidad y la significación del patrimonio en cuestión) y de prestación de servicio público que garanticen la igualdad de oportunidades al uso y disfrute de ese patrimonio porque “todos los ciudadanos tienen derecho de acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad” (Padrós Reig, Carlos 2009:32). Gracias a estas acciones se ha podido mantener gran parte del patrimonio de este país (¿cuántos museos deficitarios con una función social dentro de una determinada sociedad sobreviven a duras penas gracias al apoyo de la Administración?) aunque también el anquilosamiento y la lentitud de estas acciones ha propiciado (y sigue propiciando) la pérdida de ese patrimonio. Por tanto siendo actividades administrativas que han hecho mucho bien, se antoja urgente una simplificación de los procesos con las que poder afrontar con mayor eficacia los nuevos retos del futuro.
En cuanto al segundo aspecto, creo que los retos más importantes a los que se enfrenta el sector están relacionados con la valoración económica y turística. Aspectos éstos no siempre bien enfocados que deben desembocar en una oferta coherente a la sociedad que permita construir una red patrimonial en constante evolución que amplíe y prestigie no solo el patrimonio de siempre, el “del pasado más lejano”, sino también aquel patrimonio del pasado más reciente o incluso aquel que se está gestando o se va a gestar en el momento presente. Urgen por tanto medidas enfocadas hacia una mejor interacción de las Administraciones con los otros agentes culturales de manera que los intereses de todos coincidan y culminen en un reforzamiento institucional. El sector privado puede aportar al patrimonio una capacidad de gestión de la que adolece la Administración buscando formulas nuevas no solo de rentabilidad económica sino de acercamiento a la sociedad con políticas de sensibilización y mayor participación. En estas políticas debe jugar un papel importante el Tercer sector, cuya naturaleza sin ánimo de lucro, debería ser el nexo ideal entre los conflictos que puedan surgir entre los intereses públicos y los privados. Prevaleciendo salvo alguna excepción siempre los primeros. El reforzamiento del Tercer sector también debe mediar en retos pendientes como los de la subsidiaridad, la concertación de algunas políticas patrimoniales o la aparición de nuevos campos en el patrimonio cultural como “la memoria contemporánea o el patrimonio industrial” (Real Instituto Elcano 2004:19).
Un segundo ejemplo ilustrativo de la presencia de la Administración en la cultura podría ser el de la industria cinematográfica. Curiosamente es éste un sector que vive en la actualidad una gran polémica y controversia por causas como “la publicación en el BOE de la nueva Orden Ministerial con la oposición activa de varios sectores de la profesión, la decisión de Bruselas al suspender el procedimiento de urgencia para su aprobación, el proyecto de Ley General del Audiovisual, la polémica adjudicación de una “X” censora a una película considerada “violenta”, la modificación del Real Decreto de diciembre de 2008, el cambio de política de cara a los festivales y la inseguridad que todo ello ha creado” (VVAA 2009:59). Por tanto, nos encontramos con muchos frentes abiertos en medio de una situación tremendamente compleja. Complejidad que viene dada por la singular naturaleza del cine, a medio camino entre lo cultural y lo industrial, y con la dificultad que conlleva mantener el equilibrio entre ambos aspectos. Entiendo que la Administración Pública, dentro de un sistema audiovisual como el que tenemos con la supremacía de las grandes productoras norteamericanas, las televisiones privadas, etc., debe velar por los intereses generales garantizando inexcusablemente las pluralidades de propuestas (tanto temáticas como estéticas), la diversidad y la excepcionalidad cultural. Parece ser que la situación actual es la opuesta. Esto es que las financiaciones y ayudas públicas, aspecto vital en el cine, se rigen por parámetros exclusivamente económicos e industriales. Orientaciones que van a afectar inevitablemente a películas medias o incluso pequeñas, que curiosamente son las “que mayor interés han despertado en los últimos años, pues han armonizado los intereses del público con la apreciación de la crítica y de los festivales”. (HEREDERO, C. y REVIRIEGO, C. 2009:58). Se hace necesario por tanto, que la Administración Pública, en este caso a través del Ministerio de Cultura y del ICAA (Instituto del Cine y Artes Audiovisuales) establezca con intensidad nuevas relaciones con los otros agentes culturales. El cine carece de un “tejido social” que permita la “capacidad de crear capital social y cultural, así como de mejorar las condiciones de vida y el bienestar” (MARTINELL, A. 2009:8). La actividad administrativa de control debe ser rigurosa pues en el sector privado las fuerzas y los intereses económicos son realmente poderosos. Es importante que éste tome conciencia de cuál debe ser su rol independientemente de que deban mantener unos mínimos criterios de rentabilidad.
Creo que el enfoque de las políticas que deben surgir de la interacción público-privado debe ser el de potenciar las ayudas siempre desde una perspectiva cultural (y no económica). Estas ayudas deben ser selectivas (ya sea sobre proyectos presentados, desarrollo de guiones, óperas prima, etc.). También se debe potenciar la distribución y protección de ciertos filmes, cuyos valores artísticos y humanos, deben ser conocidos por la mayoría de la sociedad. Para ello se debe potenciar la libertad creativa y apostar por iniciativas nuevas que combatan la estandarización industrial así como mantener una cuota de espacios para este cine tan necesario. En este sentido no parece que el camino emprendido actualmente sea el más adecuado.
Igualmente y lejos de lo que pudiera parecer, el sector cinematográfico se presta a una interacción realmente interesante entre lo público y el Tercer Sector. Este sector, sin ánimo de lucro, puede erigirse en portavoz de las inquietudes ciudadanas y mediador que solvente los puntos más controvertidos. Pero además, puede y debe tener una intensa relación por sí mismo con lo público de cara a lograr objetivos importantes. Por ejemplo, en áreas tan importantes como la promoción, sensibilización, protección y difusión del patrimonio cinematográfico de este país a través de las diferentes, fundaciones, filmotecas, etc. Ayudando a estas instituciones en su labor. Vinculado a estas políticas también se hace necesario vincular el cine con la educación. Se pueden articular las estrategias más adecuadas para que el Tercer sector se introduzca en el Sistema educativo público y redescubra la dimensión formativa del cine como vehículo de cultura y comunicación. Sin olvidar incluso la posibilidad de que el cine vaya formando parte progresivamente de los diferentes planes de estudio.
Finalmente también es necesario que se habilite una esfera de interacción total de todos los agentes implicados (Público-Privado-Tercer sector) que refuercen al cine en todas sus dimensiones. Como por ejemplo, la edición de filmes en DVD o de monografías especializadas que amplíen la esfera cultural. Aprovechar el desarrollo de las nuevas tecnologías para ejecutar iniciativas interesantes como la exhibición en espacios alternativos, concursos, festivales amateurs, rodaje de cortometrajes y sobre todo de abrir líneas de comunicación con otras artes (programas multidisciplinares) de manera que se vaya incrementando la cultura cinematográfica y el espíritu crítico de la ciudadanía.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: (1978). 2ª Ed. 1993. Reimp. 1995. Madrid: Civitas.
HEREDERO, Carlos F. y REVIRIEGO, Carlos: “El desarrollo de la Ley de Cine, a consulta. Nueva orden, nueva polémica”. Cahiers du Cinéma (2009) Nº 25, p.58-59.
MARTINELL, Alfons: (2009). Los agentes culturales. Barcelona: UOC.
PADRÓS REIG, Carlos: (2009). Gestión cultural en la Administración Pública. Barcelona: UOC.
REAL INSTITUTO ELCANO: (2004). La política cultural en España. Madrid: Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos.
VV.AA: “Incógnitas y turbulencias en la política para el cine español. 25 preguntas (que son 50)”. Cahiers du Cinéma (2009) Nº 29, p. 59-61.
No hay comentarios:
Publicar un comentario