EDUCACIÓN: Problemas de discíplina y aprendizaje (y II)

En primer lugar, y no por ello más importante, nuestro sistema educativo necesita una reorientación. Esto no es nuevo, ya que muchos autores aseguran que nuestra escuela “vive una situación de crisis de confianza” (Rosales, C., 1991:221), y porque ha llegado incluso a “menoscabar la eficiencia, la calidad y la equidad” (Schmelkes, S., 1995:12). Todo ello, a pesar de que en los últimos tiempos las instituciones educativas públicas han recuperado cierta credibilidad y apuestan decididamente por un referente de calidad. Este concepto de calidad total se basaría “en el logro de unos objetivos no cognitivos que todos coinciden en considerar entre los más importantes” (OCDE, 1991:64) y la “realización individual, auténtica, integral y suprema de las posibilidades de un ser determinado” (Gento, S., 2001:26).
Es indudable que este enfoque de calidad debe, no solo permanecer sino intensificarse. Sin embargo, es a todas luces insuficiente. Como mencionaba antes, este cambio de rumbo debe provenir de una conceptualización diferente en un marco legislativo que prestigie claramente la escuela pública (que es la de la mayoría), por supuesto sin desdeñar a las escuelas concertadas y privadas que también deben ser tenidas en cuenta. Este nuevo marco debe potenciar, entre otras cosas (algunas más también serán susceptibles de regularse pero serán objeto de análisis pormenorizado en relación a otros aspectos de la disertación) tres aspectos importantes:

-Un espíritu integral y transversal: en el sentido que debe aglutinar todos los niveles educativos formales y reglados en el país. Que pueda “velar (…) por la existencia real de igualdad de oportunidades entre la población infantil y juvenil para participar en las dinámicas sociales y para incorporarse en todo proceso de desarrollo personal y social al que como ciudadanos y ciudadanas tienen derecho” (Vega Fuente; A. 2003:482). En cuanto a la transversalidad, ésta se refiere a la posibilidad de que se contemplen y complementen cuestiones que inevitablemente superan, como ya hemos dicho, la propia capacidad de los centros educativos, en otras leyes o normas de carácter social o laboral.
-Reforzamiento del rol del profesor: El rol de profesor-tutor es, sin lugar a dudas, clave para la resolución de problemas. Sin embargo, debemos reconocer que su rol actual es poco menos que insignificante por diferentes causas. Las leyes han priorizado en los derechos (que no las obligaciones) de padres y alumnos en detrimento de los profesores. Esto ha producido que se perciba un cierto desprestigio en la profesión docente unido a una transformación de la propia acción educativa que, no siempre, ha venido acompañada de una adaptación o reciclaje a estos nuevos tiempos por parte de los profesionales. En otros países como el Reino Unido o Estados Unidos, sus respectivos departamentos de educación han legislado tratando de reforzar el rol del profesor. En el Reino Unido, por ejemplo, en el último gran informe educativo “Higher Standards, Better Schoolls for All- More Choice for Parents and Pupils” publicado en Octubre de 2005, se otorga a los profesores la capacidad de disciplinar y sancionar a sus alumnos. Esto último y en caso de resistencia de los alumnos, utilizando razonablemente la fuerza si fuera necesario (algo impensable en nuestro país). El caso de EEUU es menos concreto en sus planteamientos. El acta de reforma de la educación de la administración Bush “No Child Left Behind” deja bien claro que los profesores deben ser protegidos por el sistema educativo de disputas dañinas y que éstos, a su vez, deberán tomar las medidas que consideren oportunas en lo que se refiere a la disciplina y al mantenimiento del orden.
-Regulación de derechos y deberes de los padres en relación a la educación de sus hijos: Nuestro sistema educativo no repara lo suficiente en que los padres reciban el asesoramiento y la ayuda que necesitan para cumplir con tan importante rol y eso ha acabado por convertirlos, en muchos casos, en auténticos factores de desestabilización de la acción educativa y de la vida diaria de los centros. No hay colaboración entre la escuela y los padres y eso ha producido una rivalidad difícil de superar de la que el sistema es el máximo responsable. Valga como ejemplo otra vez las iniciativas del gobierno Británico: con su ambicioso y controvertido “Respect Action Plan” de enero de 2006. Tratan fundamentalmente de que los padres asuman sus responsabilidades. Para ello, las instituciones educativas y sociales ofertarán una serie de elementos de formación y asesoramiento para que conozcan cuál es su rol. Las instituciones, a través de equipos sociales, supervisarán y controlarán los procesos. A cambio, se ofrecerán incentivos económicos para aquellas familias comprometidas con estos planes. Ésta es indudablemente una vía inspiradora si queremos mejorar. En caso de no colaboración o rechazo de la ayuda y abandono de las responsabilidades contraídas como padres, el estado británico tendrá la facultad de sancionar duramente a los progenitores. Ésta es una vía mucho más “espinosa”, que si bien debe ser tenida en cuenta, parece menos atractiva y sus resultados aún están por llegar.