EDUCACIÓN: Sobre la Integración e Inclusión educativa (I)

La situación actual de la educación en general, y de la Educación Especial, así como de todo aquello que concierne a la integración e inclusión educativa, nos sitúa en medio de un fenómeno no exento de complejidad. A pesar de todas las dificultades que alberga la integración educativa, creo, bajo mi punto de vista, que el debate requiere una gran determinación y compromiso por parte de aquellos que creen en este sistema como factor de renovación pedagógica.
Cada vez se obtienen más evidencias que aseguran que la integración “constituye una vía para ofrecer educación apropiada y de elevada calidad en centros escolares ordinarios a los alumnos con necesidades educativas especiales” (Hegarty, S., 1994:125). Por no hablar de las ventajas (más que inconvenientes) que benefician sustancialmente por igual a los alumnos e instituciones.
Solamente a través de este modelo de calidad basado en una escuela comprensiva “que educa desde la diversidad y en la diversidad” (Muntaner, J.J., 2001:65) será posible garantizar el derecho de todos a la educación y a la igualdad de oportunidades. Así, la escuela se erige en un elemento corrector de las desigualdades y transformador de su realidad más inmediata porque “un hombre educado comprende su mundo lo suficiente como para enfrentársele con eficacia” (Reimer, E., 1973:156).
El proceso de integración e inclusión educativa que se viene llevando a cabo en Europa (y desde el curso 1985-1986 en España) es un proceso, que al ser de gran envergadura y ambición transformadora, está lleno de luces y sombras. Este proceso se ha movido en torno a dos realidades: la realidad institucional y la realidad cotidiana de los centros y de la propia aula.
En lo que se refiere a la realidad de las instituciones educativas el proceso parecía navegar a una velocidad de crucero: constante pero sin pausa. Así lo corroboran algunas iniciativas como el informe de 1992 de la Comisión Europea sobre los progresos realizados en materia de integración escolar que revela una evolución favorable de todos los estados miembros. Es más, “dicha tendencia va acompañada en Europa con la transformación de los centros escolares especializados (…) en centros de recursos para apoyo a la educación integrada” (Weijer, J.W., 1998:155). Otra propuesta significativa en este sentido es el estudio llevado a cabo por la UNESCO en 1995 sobre el avance de la educación de personas con necesidades especiales, el cual puso de manifiesto que “desde los años ochenta se ha avanzado considerablemente en tal dirección, aunque aún hay mucho por hacer” (OCDE, 1999:14). En España, en virtud de un Real Decreto del año 1995 se determina que “los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, asociadas a su historia educativa y escolar, así como a condiciones personales de sobredotación y de discapacidad psíquica, motórica o sensorial será escolarizados en los centros y programas ordinarios. Sólo cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dichos alumnos no pueden ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario, se propondrá su escolarización en centros de Educación Especial” (Real Decreto 696/1995 de 28 de abril: artículo 3.2). La sensación actual de la integración en España, desde un punto de vista político e institucional y después de un inicio esperanzador a mediados de los ochenta, es de incertidumbre. Este desasosiego se ha ido consolidando tras ocho años de gobierno conservador, en el que se han prestigiado los conciertos con la educación privada (no siempre comprometida con la integración) en detrimento de la educación pública y abogando en algunos momentos por modelos encubiertos de marcado carácter segregacionista de los sujetos menos dotados. Estas “políticas” han culminado con el diseño de dos leyes de educación en un periodo record inferior a cuatro años (la fallida LOCE y la actual LOE). Este escenario no parece el más propicio para un avance decisivo de la integración en el ámbito educativo en nuestro país. Aunque, es cierto que la consolidación definitiva de un marco jurídico-institucional parece más que necesario.